Mediante un dictamen motivado emitido hace unos días, la Comisión pide a España la modificación de sus normas sobre los activos mantenidos en otros Estados miembros de la UE, o Espacio Económico Europeo (a través del modelo 720).

La comisión considera que España puede exigir a los contribuyentes que informen a las autoridades de determinados activos mantenidos en el extranjero, pero sin embargo, las multas impuestas por incumplimiento son desproporcionadas.

Al ser estas multas mucho más altas que las sanciones aplicadas en un contexto nacional, la normativa podría disuadir a empresas y particulares de invertir o desplazarse por el mercado Europeo.

De no recibir respuesta satisfactoria en un plazo de dos meses, la Comisión podría llevar a España ante el TJUE (Tribunal Justicia de la Unión Europea).

Fuente: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-234_es.htm